El contexto de urgencia es concreto: según el Viceministerio de Minas y Energía, la capacidad disponible podría comprometerse durante horas pico antes de 2030
Enfoque de decision
El 14 de agosto de 2026, el presidente Santiago Peña encabezó la primera reunión de la Mesa Nacional del Sector Eléctrico en Asunción. La sesión produjo dos proyectos de ley: uno para crear un Ministerio de Minas y Energía, otro para establecer un ente regulador eléctrico independiente. Ambos se someterán a consulta pública antes de llegar al Congreso Nacional. Para los Directores de Estrategia Energética que monitorean mercados emergentes en América Latina, la señal operativa es precisa: Paraguay está construyendo la arquitectura institucional mínima que el capital privado exige antes de comprometerse a escala.
Resumen en 90 segundos
Hoy, paraguay propuso separar la formulación de política energética, la regulación y la operación del sistema eléctrico, funciones actualmente concentradas entre el Ministerio de Obras Públicas y la ANDE. Las necesidades de inversión reportadas suman US$11.000 millones en generación, transmisión y distribución a lo largo de 13 a 15 años. La Ley N.º 7.599/2025 ya abrió la participación privada en generación renovable no convencional, pero sin un regulador independiente esa ventana legal no se traduce en proyectos bancables. El contexto de urgencia es concreto: según el Viceministerio de Minas y Energía, la capacidad disponible podría comprometerse durante horas pico antes de 2030.
Que esta pasando realmente?
Durante décadas, Paraguay administró una paradoja: poseer una de las matrices eléctricas más limpias de América Latina —con cerca de 8.760 MW de capacidad instalada en las represas binacionales de Itaipú y Yacyretá y la planta de Acaray— sin haber necesitado construir un mercado eléctrico competitivo. La abundancia hidroeléctrica hizo que el diseño institucional fuera secundario. Ese equilibrio está terminando.
El crecimiento de la demanda industrial y el interés de actividades electrointensivas —centros de datos, producción de hidrógeno verde, fabricación de fertilizantes— están presionando un sistema diseñado para administrar excedentes, no para escalar capacidad. La reforma es la respuesta a un déficit proyectado que el aparato público actual no tiene capacidad de resolver solo.
La Ley N.º 7.599/2025 habilitó esquemas de autogeneración, cogeneración y exportación desde fuentes solar, eólica, biomasa y biogás. Sin un regulador independiente, contratos ejecutables y mecanismos de resolución de disputas, la ventana legal no se convierte en flujo de inversión. El nuevo ministerio y el ente regulador apuntan a cerrar exactamente esa brecha.
El Gobierno también está explorando el largo plazo de forma inusualmente amplia. En julio de 2026, una delegación de ANDE y MOPC se reunió con el OIEA en Viena para evaluar requisitos de infraestructura nuclear. Paralelamente, según información reportada, Paraguay y Estados Unidos habrían suscrito un memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil que contemplaría relevamientos de uranio, tierras raras y el eventual uso de pequeños reactores modulares. Los términos específicos y plazos de ese memorando no han sido publicados en detalle. Ninguno de estos movimientos implica una decisión de construcción inmediata, pero señalan que el horizonte tecnológico de la planificación oficial se amplió de manera sustancial respecto a años anteriores.
Por que importa para Directores de Estrategia Energética
El principal activo de Paraguay para inversores energéticos ha sido siempre la electricidad barata con baja huella de carbono. Lo que ha faltado —y lo que la reforma intenta proveer— es el marco institucional que convierte esa ventaja en contratos ejecutables. Sin un regulador con independencia real, las tarifas, el acceso a red y las condiciones de salida de una inversión quedan sujetos a decisiones administrativas discrecionales. Ese riesgo ha sido históricamente el freno más efectivo para el capital privado organizado.
La apertura de la generación renovable no convencional crea oportunidades concretas. La primera planta solar de gran escala reportada —aproximadamente 140 MW en Loma Plata, Boquerón— ofrece una referencia de escala inicial. El mercado relevante es más amplio: las industrias electrointensivas que buscan energía limpia a bajo costo y los desarrolladores de hidrógeno verde que requieren electricidad firme encuentran en Paraguay condiciones de partida difíciles de replicar en la región.
En el horizonte de corto plazo, el proyecto de maquinización del brazo Aña Cuá, asociado a Yacyretá, añade un dato concreto de planificación: se espera que entre en operación hacia finales de 2027 y aporte aproximadamente 270 MW de potencia firme. Para quienes estructuran PPAs o evalúan proyectos electrointensivos en el país, esa adición de capacidad es relevante como ancla de demanda base.
El punto de fricción que subsiste es el diseño del mercado. La apertura atrae generadores privados que necesitarán recuperar inversiones mediante contratos o tarifas reguladas. La pregunta de quién absorbe esos costos —consumidores industriales, Estado, distribuidoras— aún no tiene respuesta legislativa. Un desarrollador que quiera suscribir un PPA a largo plazo hoy no cuenta con la contraparte regulatoria que lo garantice.
Perspectiva a futuro
Tres frentes merecen seguimiento cercano. Primero, el avance legislativo de ambos proyectos: la consulta previa al Congreso es el filtro donde la independencia presupuestaria del regulador, su capacidad sancionatoria y su autonomía frente a ANDE quedarán definidas o diluidas. Segundo, la reglamentación operativa de la Ley 7.599 en materia de acceso a red, precios de referencia para contratos de compraventa y condiciones de exportación; estos detalles determinan si los proyectos renovables resultan bancables bajo estándares internacionales. Tercero, la evolución del memorando de cooperación nuclear con Estados Unidos: si los estudios de sitio y el marco regulatorio avanzan en paralelo con la reforma eléctrica, Paraguay podría posicionarse como un mercado temprano para pequeños reactores modulares en América del Sur, con implicaciones para desarrolladores y financiadores de infraestructura de largo plazo.
Lo que aun es incierto
La cifra de US$11.000 millones es una estimación de necesidades acumuladas del sistema, no un programa de inversión comprometido ni un presupuesto aprobado. La combinación específica de recursos públicos, financiamiento multilateral y capital privado no ha sido detallada. La independencia real del ente regulador dependerá de la redacción final del proyecto de ley, que permanece en consulta. El viceministro Bejarano señaló explícitamente que el despacho de carga permanecería bajo ANDE en el corto plazo, lo que limita la separación funcional inicial del sistema. El cronograma legislativo no está confirmado, ni si ambos proyectos avanzarán de forma simultánea. Los términos específicos y plazos del memorando de cooperación nuclear con Estados Unidos no han sido publicados en detalle.
Una pregunta para tu equipo
Si el regulador eléctrico paraguayo entra en operación con independencia presupuestaria real y capacidad para suscribir contratos de largo plazo, ¿tiene su organización el pipeline de proyectos y las relaciones institucionales necesarias para actuar en los primeros 24 meses, cuando las condiciones de entrada serán más favorables que una vez que el mercado esté maduro?
Fuentes
- Prensamercosur — Paraguay: Gobierno propone crear un Ministerio de Minas y Energía y proyecta inversiones de US$ 11.000 (Link)
