El Congreso local de la Ciudad de México lanzó un programa intensivo para entrenar a sus empleados en el uso racional de la energía, colaborando con el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE) con el objetivo de reducir costos operativos y disminuir la huella de carbono del legislativo. Las autoridades anunciaron la iniciativa el 21 de octubre de 2025 en la sede legislativa capitalina.
El programa, formalmente titulado “Uso Racional de Energía y Eficiencia Energética”, equipa al personal administrativo y técnico con herramientas prácticas para medir, gestionar y reducir el consumo de electricidad en todas las instalaciones legislativas y, en última instancia, canalizar los ahorros presupuestarios resultantes hacia servicios públicos. Organizado por la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas del Congreso en conjunto con FIDE, el entrenamiento subraya el compromiso creciente de los legisladores por integrar la sostenibilidad en la gobernanza cotidiana, según un comunicado de la oficina de prensa de la cámara Congreso CDMX.
Antes de la primera presentación, los líderes legislativos enmarcaron el curso como una necesidad tanto económica como ambiental. Ana Alicia Corona Huerta, jefa de la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas e inauguradora del programa, explicó a los participantes que “cada kilowatt ahorrado representa menores gastos operativos, mayor potencial para inversión pública y una gestión presupuestaria transparente”, destacando cómo el curso se alinea con el mandato del legislativo de administrar responsablemente los recursos públicos.
Un impulso multipartidista hacia operaciones más sostenibles
Junto a Corona Huerta en la ceremonia de apertura estuvieron legisladores de un amplio espectro ideológico que convergieron en un mensaje compartido: la eficiencia energética ya no es opcional para las instituciones públicas. Jesús Sesma Suárez, del Partido Verde, quien actualmente preside la Mesa Directiva, argumentó que el ejercicio de fortalecimiento de capacidades “trasciende el simple ahorro económico” y ofrece al Congreso un camino institucional hacia una conciencia ambiental más profunda.
Andrés Atayde Rubiolo, presidente de la Junta de Coordinación Política del Partido Acción Nacional, agregó que el currículo cumple un propósito social más amplio al “generar conciencia sobre las responsabilidades ambientales individuales y colectivas”, extendiendo así el impacto del curso más allá de las paredes del Capitolio.
Desde la bancada del partido en el poder, Juana María Juárez López (MORENA) encuadró el entrenamiento como un ejercicio de doble impacto: “la gestión prudente de los recursos públicos y la administración ambiental son dos caras de la misma moneda”. La legisladora del Movimiento Ciudadano, Luisa Fernanda Ledesma Alpízar, refrendó ese sentimiento, calificando el taller como “una demostración práctica de que una gobernanza responsable y el compromiso ecológico pueden y deben avanzar juntos”.
En el aula de capacitación
En varias sesiones, especialistas de FIDE presentaron a los participantes un conjunto de prácticas técnicas y administrativas:
• Identificación de equipos con alto consumo y sustitución de sistemas de iluminación obsoletos con alternativas de bajo consumo.
• Interpretación de recibos de electricidad para detectar ineficiencias y costos ocultos.
• Aplicación de regulaciones nacionales y locales que incentivan la reducción de demanda y el abastecimiento renovable en edificios gubernamentales.
• Diseño de planes presupuestarios sostenibles que reinviertan los ahorros de conservación en programas comunitarios.
Los capacitadores también enfatizaron un principio fundamental: la electricidad es un recurso finito vinculado intrínsecamente al bienestar social y la salud ambiental. “Tratar cada vatio como valioso no solo honra nuestra responsabilidad fiscal sino también nuestro compromiso con las futuras generaciones”, comentó un instructor de FIDE a los asistentes, según el mismo comunicado del Congreso.
Por qué ahora
La oportunidad del curso refleja dos presiones convergentes sobre las instituciones públicas en México: el aumento de los precios de servicios y las expectativas sociales crecientes en materia de acción climática. Dentro de la capital, las autoridades públicas administran cientos de edificios, desde clínicas de salud hasta oficinas legislativas, que en conjunto representan una porción significativa de la demanda energética municipal. Al atacar el desperdicio en su propio terreno, el Congreso señala su disposición a liderar con el ejemplo, según los promotores de la iniciativa.
Corona Huerta señaló que cambios conductuales simples —como apagar computadoras fuera del horario laboral o calibrar sistemas de aire acondicionado estacionalmente— pueden generar ahorros notables sin requerir inversión de capital nuevo. Mejoras más ambiciosas, como la instalación de medidores inteligentes y sistemas de iluminación con sensor de movimiento, requieren inversión inicial pero prometen retorno rápido, agregó.
Métricas de éxito inicial
Aunque los datos integrales se compilarán después del primer año de implementación, las simulaciones internas presentadas durante el curso sugieren que el legislativo podría reducir su factura de electricidad en porcentajes de dos dígitos si las prácticas recomendadas se adoptan uniformemente en todos los departamentos. Esos fondos, sostienen los líderes, podrían destinarse a servicios para la ciudadanía, desde iniciativas de salud comunitaria hasta becas educativas.
El compromiso multidepartamental será esencial. El taller se dirige no solo al personal de instalaciones sino también a jefes de personal, secretarios de comisiones y supervisores de sistemas informáticos —empleados que controlan cargas energéticas significativas mediante servidores, equipos de oficina y calendarios de iluminación. Al integrar principios de eficiencia en sus rutinas diarias, los organizadores esperan lograr lo que un participante denominó un “cambio cultural” en lugar de un pico de ahorros puntual.
Institucionalización de la sostenibilidad
Más allá de competencias técnicas, el paquete de entrenamiento alienta al Congreso a formalizar la gestión energética dentro de su estructura administrativa. Las directrices preliminares circuladas durante las sesiones esbozan la creación de un Comité interno de Eficiencia Energética, encargado de:
• Monitorear el consumo mensual y compararlo con tendencias históricas.
• Recomendar mejoras y asegurar líneas presupuestarias para proyectos de eficiencia.
• Coordinar con programas de sostenibilidad a nivel ciudad para acceder a incentivos o acuerdos de compra conjunta.
Este andamiaje institucional pretende garantizar que el proyecto trascienda los ciclos políticos que frecuentemente descarrilan iniciativas de largo plazo en el sector público.
¿Un modelo para otros gobiernos?
Como uno de los cuerpos legislativos más visibles del país, el Congreso de la Ciudad de México ocupa una posición estratégica para influir en prácticas en dependencias municipales y federales. Los legisladores que asistieron a la apertura argumentaron que la presentación transparente de los resultados del programa podría inspirar a instituciones similares a replicar o adaptar el modelo, amplificando sus beneficios ambientales y fiscales.
Observadores de la sociedad civil también acogieron favorablemente el paso. Aunque las organizaciones defensoras no fueron citadas directamente en el comunicado del Congreso, las organizaciones ambientales han insistido repetidamente en que las entidades públicas “lideren con el ejemplo” para poder exigir acciones similares a empresas y hogares.
Hacia adelante
Los organizadores indicaron que el módulo actual es solo la primera etapa de una hoja de ruta educativa en evolución. Las futuras sesiones podrían abarcar integración de paneles solares, soluciones de almacenamiento en baterías y políticas de compras verdes. Al superponer temas más complejos sobre conocimiento fundamental, los funcionarios esperan mantener el impulso alto y la participación del personal.
Corona Huerta sugirió que las alianzas interinstitucionales serán cruciales en esa siguiente fase: “Ya sea con la Secretaría de Medio Ambiente para orientación técnica o con empresas de servicios energéticos para financiar proyectos, debemos ampliar el círculo para profundizar el impacto”, comentó a los asistentes en la ceremonia de clausura del curso.
Análisis limitado: posibles efectos en cascada
Desde una perspectiva de gobernanza, el programa ilustra cómo la prudencia fiscal y la acción climática pueden reforzarse mutuamente, disipando la tensión percibida entre gasto ambiental y disciplina presupuestaria. Esfuerzos comparables en otras jurisdicciones han generado retornos dentro de dos a cinco años, según estudios internacionales sobre eficiencia energética, liberando fondos para programas sociales sin aumentar impuestos.
Sin embargo, el éxito definitivo de la iniciativa de la Ciudad de México dependerá de la voluntad política consistente, el seguimiento preciso de datos y la disposición de reinvertir los ahorros en lugar de absorberlos en gastos operativos generales. A medida que se aproximen las negociaciones presupuestarias cada año, los legisladores enfrentarán una elección tangible: consolidar los logros de conservación mediante líneas de programa permanentes o permitir que el impulso se disipe.
Los retos se extienden más allá de las paredes del Legislativo. Si el Congreso demuestra reducciones medibles en el consumo y reinversión transparente de los ahorros, podría fortalecer la confianza pública en la capacidad del gobierno de abordar el cambio climático de manera pragmática. Inversamente, proyecciones no realizadas podrían alimentar el escepticismo sobre la viabilidad de los compromisos de eficiencia energética en términos más amplios.
Por ahora, los legisladores y el personal de la capital parecen haber dado un primer paso concreto, armados con nuevo conocimiento y un mandato claro de convertir reducciones de kilowatt-hora en valor público.
Fuentes
- https://www.congresocdmx.gob.mx/comsoc-capacitan-personal-congreso-capitalino-eficiencia-energetica-6747-1.html
